Se trata de un artículo que aparecerá en "El ciervo" y que pone el acento en la necesidad de considerar el contexto social a efectos de comprender qué es lo que falla en la justicia española:
¿QUÉ FALLA EN LA JUSTICIA?
Manuel Atienza
Para tratar de encontrar una respuesta a la pregunta de qué falla en la justicia española, me parece que conviene empezar con dos afirmaciones que pueden parecer banales –y que quizás lo sean- pero con las que no siempre contamos.
La primera es que la opinión pública no es un indicio del todo fiable para conocer el estado de salud de una institución. Por ejemplo, la ciudadanía (de acuerdo con la última encuesta de Metroscopia) tiene, en general, una imagen bastante positiva del funcionamiento de la justicia en España (mucho más positiva que del poder legislativo o del ejecutivo); pero dos de cada tres españoles creen que los tribunales reciben presiones de forma permanente, mientras que sólo unos de cada diez jueces afirman haber recibido alguna presión (que, por cierto, fundamentalmente provendría de los medios informativos). La percepción que la mayoría de la gente tiene de la tasa de criminalidad difiere considerablemente de las cifras reales: los delitos –sobre todo, los de carácter violento- han disminuido mucho en los últimos tiempos y, por lo demás, nuestro país es uno de los más seguros en el mundo y en el contexto de Europa occidental. Y -aunque no existan datos sobre ello, pero me temo que esa es la realidad- el corporativismo, la endogamia, la falta de controles efectivos, la burocratización y, en general, el mal funcionamiento institucional es mucho más grave en el caso de las universidades que en el de la administración de justicia, aunque no creo que eso sea percibido así por la opinión pública en España.
La segunda aclaración previa es que la administración de justicia (entendiendo por tal la aplicación judicial del Derecho) es sólo un componente del sistema jurídico en su totalidad. Pues el Derecho no es simplemente lo que hacen (deciden) los jueces, sino que en esa complejísima institución hay que incluir también la actividad de los legisladores, del gobierno y de la administración, de los abogados, de las Facultades de Derecho, de las organizaciones de carácter no público o de los simples particulares. Incluso por lo que hace a la aplicación del Derecho, a la resolución de conflictos con medios jurídicos, una parte muy significativa de ella no está en manos de los jueces: además de la aplicación del Derecho por los órganos de la Administración, los grandes pleitos de carácter económico o financiero, por ejemplo, se resuelven por lo general mediante un arbitraje; y la mediación y la negociación son procedimientos de resolución de conflictos cada vez más utilizados. De manera que los jueces no son ni mucho menos, los únicos “administradores de justicia”.
Dicho lo cual, me apresuro a añadir que, en mi opinión, sí que vivimos en un momento de crisis de la justicia, de la jurisdicción. Pero se trata más bien de un aspecto de una crisis más amplia y que afecta a muchas de nuestras instituciones: a las de carácter educativo, político, jurídico, cultural…Aunque no a todas. La riqueza económica (aunque su distribución diste de ser equitativa) ha aumentado en los últimos tiempos –pongamos, en los últimos 50 años- de manera exponencial. Y otro tanto cabe decir del sistema de producción de conocimiento científico y tecnológico. Quiero decir que la crisis que vivimos (y no sólo en España) afecta fundamentalmente a la organización política –en el sentido amplio de la expresión- de la sociedad.
El problema no es precisamente nuevo y me parece que puede ayudar a entenderlo mejor remontarse a la filosofía griega, concretamente, al Protágoras de Platón. En ese diálogo aparece un mito (me lo ha traído a la memoria la reciente lectura de un libro de García Gual sobre los filósofos cínicos), que aproximadamente viene a decir lo siguiente. Para que pueda desarrollarse una vida civilizada, no basta con el saber técnico, profesional (representado a su vez por el mito de Prometeo, quien habría robado el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres). Zeus –nos dice Protágoras- encargó a Hermes que distribuyera a los humanos, asegurándose de que lo recibieran todos ellos, dos cualidades que resultan indispensables para la convivencia: el pudor, la vergüenza o el sentido moral, y el sentido de la justicia. Merece la pena subrayar además que Protágoras usa ese mito para justificar que la virtud política –ser un buen ciudadano- es algo que puede enseñarse (con lo que justificaba de paso su profesión de sofista); o sea, para usar un lenguaje actual, genéticamente tendríamos esa predisposición (como ocurre con el aprendizaje de una lengua), pero para que las virtudes políticas puedan expresarse y florecer tienen que darse también ciertas condiciones de carácter social.
Pues bien, yo creo que lo anterior explica mucho del mal funcionamiento de la justicia española en los últimos tiempos. La paralización –por no decir, la destrucción- de una institución como el Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo clamoroso de comportamiento desvergonzado por parte de un determinado partido político, pero conviene ser consciente de que ese atentado al pudor político perpetrado por el PP no habría tenido lugar -o no habría tenido éxito- si los propios miembros del Consejo, el conjunto de la judicatura, los medios de comunicación y la ciudadanía en general hubiesen mostrado una actitud de reproche moral de suficiente intensidad. Y otro ejemplo, esta vez de la falta de sentido de la justicia atribuible a los propios jueces, lo suministra una serie de sentencias dictadas con ocasión de la actual pandemia. La más conocida -también la más nociva y escandalosa- es la del pasado mes de julio, en la que el Tribunal constitucional anuló una serie de disposiciones que limitaban el derecho a la libre circulación para preservar la vida y la salud de la gente. Todos (tanto los jueces –incluidos los firmantes del voto mayoritario- como quienes habían interpuesto el recurso) estaban de acuerdo en que esas medidas habían sido necesarias, pero a la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional les pareció que, a pesar de ello, debían declararlas inconstitucionales, y así lo hicieron. O sea, el Derecho convertido en un instrumento usado para impedir -o, al menos, para dificultar- que se pueda hacer lo que se debe hacer en una situación de emergencia. Y también en este caso, la reacción por parte de la opinión pública (y, en particular, de los juristas profesionales) ha sido débil o inexistente.
¿Qué se puede hacer para revertir ese estado de cosas? Es muy difícil contestar a esa pregunta, porque las medidas a adoptar no podrían ser únicamente las dirigidas directamente al sistema judicial: para dotarle de más medios, regular mejor la carrera judicial, incrementar la formación de los jueces…Se necesitaría también incidir en la cultura jurídica y política que rodea a la jurisdicción (en lo que los abogados juegan un papel relevante). Y, sobre todo, en los aspectos más básicos de la organización social. La existencia de grandes desigualdades económicas, la exclusión social o el deterioro del sistema educativo no contribuyen precisamente a generar un clima en el que pueda desarrollarse el sentido de la moral y de la justicia a los que antes me refería. Lo que falla en la justicia, en definitiva, no puede ser muy distinto de lo que falla en el sistema social del que forma parte.
