La noticia de la abdicación del Rey ha tenido el efecto (prácticamente inmediato) de que muchas gentes que se consideran de izquierda manifiesten sus inclinaciones antimonárquicas y exijan la celebración de un referéndum para decidir cuál tendría que ser la forma del Estado. Los argumentos (para una y otra cosa: la consulta que se pide es, obviamente, el instrumento para acabar con la monarquía) son, más o menos, del siguiente tenor: «no hay que tener miedo a la democracia», «ya es hora de acabar con la herencia del franquismo», «se debe devolver la palabra a la gente, a la ciudadanía», «hay que dejar que el pueblo decida», «es inconcebible en el siglo XXI seguir hablando del derecho de sangre», etcétera.
Planteada en abstracto, la opción «monarquía o república» no puede resolverse, creo yo, más que a favor de la segunda de las alternativas: no parece que haya forma racional de justificar que la máxima representación del Estado (lo que supone un poder mayor o menor pero, en todo caso, considerable) dependa simplemente del nacimiento. Digamos que si se nos colocara en una situación anterior a la constitución de la sociedad y en la que tuviéramos que decidir en condiciones de imparcialidad sobre cómo organizar esa sociedad, sin duda no lo haríamos a favor de un privilegio semejante: la idea, más o menos natural e intuitiva, que nos lleva a vincular la justicia con la igualdad de oportunidades, nos lo impediría.
Pero ocurre que no estamos en ese minuto cero, que la decisión no podemos tomarla en abstracto, sino teniendo muy en cuenta el contexto en el que nos encontramos y que tampoco se trata de una decisión de tipo individual, en la que cada uno tendría que dejarse guiar sencillamente por su conciencia. La política, como el Derecho, es una praxis colectiva en la que los elementos institucionales pueden tener un peso decisivo. Así como un juez no puede tomar, a la hora de resolver un caso, la decisión que a él le parecería (fundadamente) la más correcta, sino que tiene que hacerlo dentro de los límites que el Derecho le traza (pues si no fuera así haría quizás, en ese caso, justicia, pero pondría en riesgo el buen funcionamiento del sistema y no contribuiría, a la larga, a la propia causa de la justicia), otro tanto podría ocurrir en el terreno de la política: es lo que explica que tanta gente haya apoyado en España (o, al menos, no haya puesto en cuestión) la monarquía, aunque esté muy lejos de sentirse monárquica. Como algún autor ha escrito, el Derecho y la política son terrenos en los que rige ampliamente la racionalidad de «lo segundo mejor». Por ejemplo, la monarquía no es la mejor de las formas de gobierno (o, incluso, no es en sí misma justificable) pero, dadas determinadas circunstancias, podría tratarse de la mejor opción disponible. Para entendernos: sería absurdo que Francia se plantease pasar a ser una monarquía, pero no se le ve tampoco mucho sentido a que Suecia tuviera que convertirse en una república. Simplemente porque no parece que la republicana Francia sea un país más democrático o con un mayor nivel de protección de los derechos fundamentales que la monárquica Suecia; y porque no es ningún secreto que bastantes de los regímenes más atroces hoy existentes (al igual que en los tiempos recientes) han sido precisamente repúblicas.
¿Y qué pasa entonces con España? Pues yo creo que deberíamos utilizar un criterio semejante al que acabo de sugerir, y que no es precisamente el defendido por algún connotado dirigente de la izquierda: la opción entre monarquía o república no equivale en absoluto a la de monarquía o democracia. Lo que tenemos que plantearnos es si, dadas las condiciones realmente existentes (no las que podrían darse en algún mundo ideal), la convocatoria de ese referéndum y la eventual llegada de la tercera república podría significar o no una mejor democracia y una mayor protección de los derechos fundamentales de los individuos. Yo no veo claro que sea así (que vaya a ser así) e incluso me parece que existe el riesgo de que las energías consumidas en esa batalla vayan en detrimento de lo que de verdad importa: acabar con una política del Gobierno español y de la Unión Europea que impide a tanta gente una vida en condiciones dignas.
Publicado en el diario Información. Martes, 03 junio 2014
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